¿Dónde está el dinero de los docentes estafados? Argañaraz debe devolver un millón y medio de dólares
Más de 100 familias, que confiaron sus ahorros y sueños al fideicomiso «Virgen de Urkupiña», siguen sin respuestas claras sobre el destino del dinero que perdieron. Aunque Patricia Argañaraz y Marita Cerezo, responsables del esquema fraudulento, fueron condenadas, los afectados exigen una respuesta definitiva: ¿dónde está el millón y medio de dólares que se les adeuda?
Adriana Sosa, una docente con más de tres décadas de servicio, es una de las principales damnificadas. Vendió su auto y tomó préstamos para participar en el fideicomiso impulsado por la ADP, pero nunca recibió la vivienda prometida. «El resarcimiento de un millón de pesos es irrisorio frente a lo que invertimos. En su momento, aporté 150.000 pesos, lo que representaba un sacrificio enorme. Ahora, con la inflación, esa cifra no alcanza para nada», expresó con frustración. Como ella, Osvaldo Aparicio también lamenta haber perdido no solo su dinero, sino la posibilidad de un hogar propio.
El abogado de los damnificados ha propuesto como mínimo la entrega de terrenos equivalentes a los prometidos originalmente, aunque calculó que el valor actual de dichas propiedades asciende a más de 20.000 dólares por familia. En total, la deuda con los afectados superaría el millón y medio de dólares, una suma que hasta ahora no ha sido recuperada ni explicada. La indignación aumenta al conocerse que Argañaraz, en lugar de ofrecer una reparación, ha solicitado apelar la sentencia, cuestionando el fallo y buscando reducir su responsabilidad.
Por su parte, Nicolás Maggio, abogado de Marita Cerezo, intentó minimizar el rol de su clienta en la estafa, asegurando que se desvinculó del fideicomiso tras detectar irregularidades. Sin embargo, los damnificados consideran que ambos implicados, junto con la ADP, deben rendir cuentas. «No solo queremos condenas penales, exigimos justicia en el ámbito civil. El gremio también debe responder. Los docentes somos las verdaderas víctimas de esta estafa, y no descansaremos hasta recuperar lo que es nuestro», concluyó Aparicio. El caso, que salió a la luz en 2018 tras denuncias de afiliados de la ADP, reveló que los planes de vivienda promovidos en San Luis y Cerrillos generaron pérdidas de entre 7 y 19 millones de pesos. Hoy, seis años después, el dinero sigue sin aparecer y las familias afectadas continúan luchando por una reparación que, aunque tardía, esperan que llegue.
