El arte de la cobardía: Estrada utilizó fondos públicos para financiar ataques a ciudadanos salteños
La conducta del diputado nacional Emiliano Estrada deja un sabor amargo en el escenario político y social en Salta, donde las recientes imputaciones en su contra han generado un fuerte repudio. Estrada no solo está acusado de encabezar una campaña de ciberataques financiada con fondos públicos, sino que su reacción ante estas graves acusaciones evidencia una preocupante falta de integridad y valentía.
En un contexto en el que se espera que los representantes del pueblo actúen con transparencia y rendición de cuentas, Estrada optó por evadir responsabilidades. Las pruebas presentadas por la fiscalía son contundentes: fondos provenientes del Congreso Nacional habrían sido utilizados para financiar una red de ataques digitales dirigidos a empresarios, funcionarios, y ciudadanos de Salta. Este tipo de comportamiento, además de ilegal, es profundamente inmoral, pues pone en evidencia un uso indebido de los recursos que deberían destinarse al servicio de la comunidad.
Lejos de enfrentar las acusaciones con la seriedad y dignidad que la situación amerita, Estrada ha optado por victimizarse, argumentando que se trata de una «campaña en su contra». Esta narrativa no solo es insuficiente para desviar la atención de los hechos, sino que también resulta ofensiva para la inteligencia de la ciudadanía. Más alarmante aún es su decisión de enviar a su esposa, embarazada de seis meses, a recibir una notificación judicial en su lugar. Este acto no solo denota cobardía, sino también una preocupante falta de respeto hacia su familia.
La gravedad del caso no se limita a las imputaciones locales. Las evidencias podrían derivar en causas de índole federal, obligando a Estrada a dar explicaciones en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. El impacto de este escándalo no se mide solo en términos judiciales, sino también en el daño social y político que genera la utilización de ciberataques como herramienta para sembrar miedo y desinformación en la población. La gravedad de los hechos imputados son muy graves: un legislador nacional financiando, desde el erario público, una estrategia delictiva destinada a intimidar y atacar a personas e instituciones. Además, responsabilizar a sus propios empleados por estas acciones, como si se tratara de decisiones individuales, refleja una ausencia total de liderazgo y de compromiso ético. Cualquiera diría que se trata de acto de cobardía.
La justicia tiene ahora la tarea de actuar con firmeza y celeridad para esclarecer este caso y garantizar que no quede impune. Estrada, por su parte, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos y explicar a la ciudadanía por qué desvió recursos públicos en actividades que contradicen los principios fundamentales de su rol como legislador. La lealtad a los valores democráticos y el respeto por la ley son innegociables, y quienes falten a estos principios deben rendir cuentas ante la justicia y la opinión pública. Un hombre íntegro se define por su capacidad para actuar con coraje y rectitud, mientras que un cobarde, al evadir estos principios, muestra una falta de compromiso consigo mismo y con los demás.