13 de febrero de 2025
Cuando el río suena...Salta

El escándalo Estrada: complicidades de algunos y el uso indebido de recursos públicos

Compartir

En el marco de esta investigación, surgió el nombre de Juan Capisano, identificado como creador de la cuenta «Casta Salta» y quien refirió ser empleado del empresario de medios Federico Mena Saravia. De la causa se desprende que existen al menos dos usinas de «fake news» que están siendo investigadas por la fiscal Sofía Cornejo. Esta situación amplía el espectro de responsabilidades y abre la posibilidad de que otras denuncias por calumnias e injurias sean presentadas contra Estrada por parte de las personas afectadas por los contenidos difamatorios.

La fiscal explicó que hay indicios claros de que la organización y distribución de tareas dentro de esta red delictiva eran financiadas con fondos públicos. Esto se debe a que el pago de los servicios de dos de los imputados —asesores directos de Estrada— provenía del Congreso de la Nación. Este hecho ha llevado a considerar la competencia federal para investigar los delitos vinculados a esta causa. La decisión se enmarca en la causa por intimidación pública que se tramita en la fiscalía especializada en delitos cibernéticos de la Provincia de Salta, a cargo de Sofía Cornejo.

Otro nombre que ha cobrado relevancia en la investigación es el del empresario Federico Mena Saravia, quien podría estar implicado en la financiación y promoción de estos ciberataques dirigidos a ciudadanos, autoridades y empresarios salteños. La posible vinculación de Mena Saravia refuerza la hipótesis de una organización compleja y bien estructurada, con recursos destinados a generar desinformación y ataques personalizados en las redes sociales.

La causa ha generado un gran revuelo en la provincia y podría desencadenar una serie de nuevas denuncias, ampliando el alcance de las responsabilidades legales de los involucrados. Las imputaciones actuales por intimidación pública podrían acarrear penas de dos a seis años de prisión para los responsables, pero la gravedad de los hechos podría derivar en cargos adicionales, especialmente si se comprueba el uso sistemático de fondos públicos para actividades delictivas.

Deja una respuesta