El silencio prolongado de Estrada es un acto de cobardía y complicidad
El silencio del diputado nacional Emiliano Estrada en medio del escándalo de los «ciberataques» no sólo es de gravedad creciente y alarmante, sino también profundamente cuestionable. Desde que se iniciaron los allanamientos en diciembre pasado, Estrada ha optado por esconderse detrás de un mutismo absoluto, como si ignorar el problema pudiera eximirlo de responsabilidad. Sin embargo, las pruebas y testimonios acumulados hasta ahora apuntan directamente a él, y hacia su entorno más cercano, dejando al descubierto una trama de prácticas repudiables que exigen explicaciones urgentes.
Los principales señalados, Florencia Bustamante Arias y Alonso Javier Allemand, mantienen vínculos laborales con Estrada. Bustamante Arias, empleado bajo su órbita en el Congreso con categoría A-3, y Allemand, quien figuraba en la categoría A-8 hasta su renuncia tras el estallido del caso, han sido implicados en la producción y difusión de material difamatorio, ofensivo y anónimo. Sus roles en esta maquinaria de manipulación mediática se encuentran documentados, y las declaraciones de Allemand describen con precisión cómo operaban bajo instrucciones y con material previamente estructurado.
A esto se suma la imputación de Juan Marco Capisano, analista de ciberseguridad y exfuncionario municipal, quien confesó haber recibido órdenes de crear videos anónimos y difamatorios, alegando que dichas solicitudes provenían de un intermediario identificado como Mena Saravia. Este relato, sumado a los allanamientos que permitieron la incautación de dispositivos electrónicos, documentos y guiones prefabricados en el domicilio de Allemand, conforma un panorama que resulta difícil de ignorar para cualquier político con un mínimo de compromiso ético.
Sin embargo, Estrada parece haber optado por la estrategia del avestruz, escondiendo la cabeza bajo tierra mientras el escándalo crece a su alrededor. Su silencio no solo lo coloca en una posición de evidente complicidad por omisión, sino que también envía un mensaje claro de desprecio hacia la ciudadanía que merece respuestas. No basta con escudarse en los fueros parlamentarios ni en una supuesta estrategia de defensa; la gravedad del caso y el rol protagónico que desempeñan sus colaboradores más cercanos exigen una postura clara, una rendición de cuentas transparentes y, de ser necesario, la renuncia a sus privilegios para enfrentar la justicia como cualquier ciudadano.
El silencio prolongado de Estrada no es sólo una falta de responsabilidad política, sino un acto de cobardía que pone en jaque la confianza en las instituciones democráticas. Cada día que pasa sin una declaración suya, sin una acción concreta para aclarar su papel en este entramado, agrava su ya deteriorada imagen pública y refuerza la percepción de que su participación, ya sea directa o indirecta, es innegable.
