Empresarios, intendentes, y periodistas denunciarán al diputado Estrada por «intimidación publica»
El escándalo crece y las denuncias se multiplican contra el diputado nacional Emiliano Estrada, acusado de liderar una red de ciberataques que buscaba intimidar a empresarios, periodistas y figuras políticas de Salta. El testimonio de Florencia Bustamante Arias, empleada de la Cámara de Diputados y una de las principales imputadas en esta causa, desató una tormenta judicial y mediática que podría tener graves consecuencias para el legislador.
En su declaración ante la Fiscalía especializada en Ciberdelitos, Bustamante admitió haber participado en una campaña difamatoria bajo las órdenes directas de Estrada. Entre los afectados por esta red de difamación se encuentran Mario Peña, de FM Aries; Solano Navarro dueño de Canal 10 y Simón Pérez Alsina, presidente de la Cámara de Minería, y otros. También se involucró maliciosamente a intendentes y otros dirigentes políticos. Varios de estos perjudicados han anunciado su intención de llevar a Estrada ante la justicia penal. Las acusaciones incluyen intimidación pública y daños a su reputación a través de contenido falso y difamatorio. Peña, junto a otros damnificados, ha declarado sentirse profundamente agraviado por los ataques dirigidos desde estas cuentas truchas, las cuales presuntamente operaban bajo la supervisión directa del diputado.
El rol de Florencia Bustamante y los presuntos cómplices
Bustamante, una reconocida fotógrafa que trabajaba para la Cámara de Diputados, afirmó que sus acciones eran parte de las tareas ordenadas por Estrada. Según su abogado, Gustavo Feoli, ella “seguía instrucciones laborales sin ser consciente del alcance delictivo de estas actividades”. Además de Bustamante, otros dos imputados también están en el centro de la investigación: Javier Alonso Allemand, especialista en comunicación política, y Juan Marco Capisano, experto en ciberseguridad. La justicia investiga sus grados de responsabilidad en la operación, que incluía la producción y difusión de contenido difamatorio.
Las pruebas y el avance judicial
Durante los allanamientos realizados en el marco de la causa, la Fiscalía secuestró computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a los imputados. Estos elementos están siendo peritados para determinar el alcance de la red y confirmar las acusaciones contra Estrada. Se espera que las pruebas digitales proporcionen información clave sobre la estructura y las actividades de esta organización delictiva. El caso ha generado una enorme indignación en la sociedad salteña. Las acciones judiciales que realizarán los empresarios y periodistas afectados buscan no solo castigar a los responsables, sino también sentar un precedente contra el uso de las redes sociales para perpetrar delitos de intimidación y difamación. La posibilidad de que Estrada enfrente una sanción en su fuero legislativo también está sobre la mesa, mientras los damnificados claman por justicia.
Expectativas por la declaración de Estrada
La declaración del diputado nacional es una de las más esperadas en este caso. Tanto la Fiscalía como los denunciantes exigen respuestas concretas sobre su presunto rol como autor intelectual de esta red de difamación. Si las investigaciones confirman las acusaciones, Estrada podría enfrentar severas demandas judiciales y un golpe devastador a su carrera política.
