Estafas y desilusión: El escándalo que sacude a la ADP bajo el mando de su exsecretaria general Patricia Argañaraz
La cuarta audiencia del juicio contra Patricia Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, extesorera, ha sacado a la luz el entramado de maniobras fraudulentas que destruyó los sueños de decenas de docentes. A través del mal manejo del fideicomiso «Virgen de Urkupiña», estas exdirigentes jugaron con las esperanzas de familias trabajadoras que confiaron en un programa de viviendas promovido por la propia gremial. Lo que prometía ser un paso hacia la casa propia se convirtió en una estafa monumental que dejó a 29 personas sin dinero y sin hogar.
Testimonios de una traición imperdonable
Docentes como Elida Hoyos y Osvaldo Aparicio narraron cómo depositaron sus ahorros de toda una vida y, en algunos casos, hasta contrajeron deudas para cubrir los pagos exigidos por el programa. Aparicio, por ejemplo, aportó $600 mil hace ocho años, confiando en que ese sacrificio le aseguraría un hogar para su hija. Lo único que recibió fue la amarga confirmación de que había sido víctima de una estafa. «Confiaba mucho en la ADP, después de 34 años como afiliado. Hoy me siento totalmente desilusionado», expresó.
Elida Hoyos relató que, impulsada por la fe en la institución que supuestamente velaba por los derechos de los docentes, pagó por un terreno y varias cuotas de la vivienda. «Es muy lamentable manchar así a la ADP», afirmó, señalando que los responsables utilizaron la pandemia de COVID-19 como excusa para dejar a los afiliados en la ruina.
Un juicio que debe marcar un precedente
El abogado Agustín Solá Garrido, representante de 22 damnificados, expuso la magnitud del daño: años de esfuerzo y ahorros dilapidados bajo la administración de Argañaraz y Cerezo. Los cargos, que incluyen administración fraudulenta y estafas reiteradas, no solo afectan a las víctimas directas, sino que también han dañado profundamente la credibilidad de la ADP como institución.
El juicio, a cargo del juez José Luis Riera, se extenderá hasta el 27 de noviembre y busca esclarecer la responsabilidad de los acusados, que también incluye a Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi como partícipes necesarios.
Los docentes afectados exigen justicia y reparación económica, pero sobre todo que las personas responsables de esta traición enfrenten las consecuencias. Este juicio debe sentar un precedente claro: la manipulación de instituciones y el abuso de la confianza de trabajadores no puede quedar impune. Argañaraz y sus cómplices no solo defraudaron económicamente a los docentes, sino que destruyeron sueños y minaron la fe en la lucha gremial.
