23 de julio de 2024
Salta

García Castiella cuestionó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal: “tal vez este no es el momento”

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Pedro García Castiella, Procurador General de Salta, expresó sus reservas sobre el proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal y establecer un sistema adversarial con mayor oralidad. Según el funcionario, el cambio de diseño procesal podría generar más problemas que soluciones, tanto para el Ministerio Público Fiscal (MPF) como para el sistema carcelario provincial. Explicó que en Salta existe 1 fiscal para 40 mil habitantes.

García Castiella participó de una reunión con senadores provinciales y miembros de la Corte de Justicia, donde expuso las observaciones del MPF sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Si bien coincidió con la necesidad de avanzar con las reformas al sistema acusatorio iniciadas en 2011, para lograr un servicio de justicia más ágil y transparente, consideró que “tal vez este no es el momento” para implementar un sistema adversarial, que requiere de más recursos financieros y humanos, y que podría aumentar el número de personas privadas de la libertad.

El Procurador General presentó datos que muestran el trabajo de depuración que realiza el MPF para resolver las denuncias que recibe, que solo en el Distrito Centro fueron 94.763 en un año, de las cuales solo el 3% se transfirieron al Poder Judicial para juicio. También cuestionó la propuesta de duplicar las audiencias multiprósito, que actualmente son dos, en cuatro audiencias: de imputación, de control de acusación, de prueba y de juicio oral. Según García Castiella, esto dificultaría la descentralización de las fiscalías, que ha dado buenos resultados en el interior, y recargaría la tarea de los fiscales, que ya tienen una relación de uno cada 40 mil habitantes en Salta.

Asimismo, el Procurador General puso como ejemplo la provincia de Mendoza, donde con el nuevo sistema, el número de encarcelados pasó de 3.800 en 2015 a más de 6.000 este año, obligando a dotar de mayor infraestructura carcelaria, hasta llegar a los 22 complejos. En Salta, hoy existen unas 3.100 personas privadas de la libertad, cuando la capacidad es de 1.200 y solo hay un proyecto para duplicar la capacidad de la alcaidía.

García Castiella aclaró que el MPF acompaña el plan piloto de oralidad implementado por la justicia, pero dentro de un modelo acusatorio de primera generación y no en un sistema adversarial. En la misma línea, otros fiscales que lo acompañaron en la reunión, expresaron sus preocupaciones por el achicamiento de los plazos para producir pruebas, la revictimización de las personas que sufren delitos contra la integridad sexual y la pérdida de los beneficios de la descentralización del MPF.