¡No se salva una! María Livia y las carmelitas descalzas deben abstenerse de ejercer violencia
La justicia envió una medida precautoria y notificó a la fundación que administra María Livia Galiano de Obeid, su esposo Carlos Daniel Obeid, su abogado patrocinante José Viola; y hasta a las monjas que componen el Convento San Bernardo, que deben abstenerse de ejercer actos de violencia contra religiosas que abandonaron el Carmelo.
La medida la dispuso el Juzgado de Garantías N°5 y se cumplió después de una carta que publicó la monja María de San José en la que denunció constantes manipulaciones, amenazas y actos violentos. Incluso, su apartamiento se produjo después de un allanamiento policial porque los familiares recurrieron a la justicia después de que fueron notificados que no podían hablar mantener ningún tipo de contacto.
En aquella oportunidad, los familiares llegaron desde Mendoza y presentaron una denuncia por supuesta privación ilegítima de la libertad. Tras ese reclamo, una jueza, un fiscal y decenas de policías allanaron el Convento y, tras el visto bueno de María Livia, la monja logró salir del edificio.
En abril pasado, la hermana María de San José le contó al vicario judicial de la Arquidiócesis de Salta, Dante Simón, el maltrato al que era permanentemente sometida con intenciones de que sume esa denuncia al informe que elabora a pedido del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano.
En ese texto de la religiosa, describe “los hechos vividos desde el año 2014 hasta el 21 de diciembre del 2022” como “muy violentos”, que solían grabarse las conversaciones y hasta que le quitaban los regalos de los familiares.
La religiosa estuvo 32 años recluida en el convento y ahora, enferma de cáncer, vive en la casa de una persona en Salta, contó que, desde el 10 de agosto de 2014, cuando murió la priora María de los Ángeles, la “vida en el monasterio cambió radicalmente”.
