Pidieron siete años de prisión para la exsecretaria general y la tesorera de A.D.P.

Además, la Fiscalía pidió diez años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en el gremio. Consideró probada la responsabilidad de ambas en los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas. Para los otros dos acusados, solicitó una pena de tres años de prisión.

Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y a Ana María Cerezo, tesorera, están siendo juzgadas por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas, en calidad de coautoras. También se requirió que Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi sean considerados responsables de los mismos delitos, como partícipes necesarios.

En su alegato, la fiscal Salinas Odorisio consideró que utilizaron diversos mecanismos administrativos, como la emisión de facturas y documentos falsificados, para justificar pagos y destinar dinero a fines personales. Además, señaló que cometieron estafas en contratos que docentes firmaron con el Fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, un proyecto que promovieron entre los asociados con la promesa de acceso a viviendas a cambio de un desembolso inicial y pagos mensuales.