Red de difamación: Estrada y su equipo acorralados, hay mas periodistas involucrados
La causa judicial por campañas de difamación en redes sociales ha desatado un terremoto político en Salta, poniendo bajo la lupa a Emiliano Estrada, diputado nacional, señalado como el principal artífice de una operación de hostigamiento cibernético contra el gobernador Gustavo Sáenz. Según fuentes judiciales y testimonios recientes, Estrada habría organizado y financiado una red dedicada a desprestigiar a políticos y empresarios locales, utilizando recursos públicos y estrategias digitales coordinadas.
Una operación bajo sospecha
La investigación señala que Estrada, vinculado al kirchnerismo, habría coordinado estas campañas mediante plataformas como TikTok, donde se viralizó contenido difamatorio dirigido a debilitar la gestión de Sáenz. Alonso Javier Allemand, identificado como el operador técnico, habría trabajado bajo instrucciones directas de Estrada, mientras que Florencia Arias, sobrina de un periodista afín al kirchnerismo en Cerrillos, habría desempeñado un rol logístico clave.
Allanamientos y pedidos de arrepentimiento
Con las allanamientos en la capital salteña, tanto Allemand y Arias están en el foco ahora ante el posible pedido de arrepentimiento de los imputados. Este testimonio podría ser fundamental para desenmascarar la estructura financiera y operativa de la red. Según las fuentes, Estrada habría utilizado su influencia política para encubrir estas actividades, desviando fondos y recursos para sostener esta operación cibernética.
Allanamientos reveladores «periodista salteña destacada también implicada»
Recientes allanamientos realizados en Salta capital aportaron pruebas contundentes sobre la magnitud de la red. Entre los implicados figura una periodista vinculada a una exgestión del municipio salteño, que también habría colaborado en la estrategia de difamación. Documentos, registros digitales y testimonios obtenidos en los operativos podrían consolidar las imputaciones contra Estrada y sus colaboradores.
Impacto político y judicial
El caso ha generado indignación pública, al evidenciar el presunto uso de tácticas de terrorismo cibernético financiadas con recursos políticos para manipular la opinión pública. La situación de Estrada, protegido actualmente por fueros parlamentarios, es crítica. Se espera que el Congreso Nacional evalúe un pedido de desafuero, lo que permitiría avanzar con una causa penal en su contra. Este escándalo promete redefinir las reglas del juego político en Salta, marcando un precedente en la lucha contra prácticas de difamación y manipulación digital. El desenlace judicial determinará responsabilidades y sanciones ejemplares en un caso que ya sacó «los trapitos al sol» del entramado político local.
